14/10/11: Las dádivas de Fernández Vara.

El cambio de color político en Extremadura no ha sido precisamente tranquilo y sigue deparando sorpresas, la última de ellas por valor de medio millón de euros. Según ha averiguado El Confidencial, el ex presidente extremeño,Guillermo Fernández Vara, gastó más de 500.000 euros en una web oficial que presentó al público por todo lo alto, pero ocultó la factura a los ciudadanos, a quienes aseguró que no había “costado un euro”. La página está actualmente fuera de servicio, ya que el Gobierno extremeño debería pagar cerca de 200.000 euros adicionales para renovar su funcionamiento.

Vara se implicó personalmente en diciembre de 2010 en el lanzamiento de ‘opinaextremadura.es’, una página web con la que pretendía fomentar el diálogo entre los extremeños y su Gobierno cuando apenas restaban cinco meses para las elecciones autonómicas. “Esto hay que hacerlo porque es necesario. No porque sea moderno. Esto hay que hacerlo porque es la única manera de poder hacer y estar con toda una generación de gente”, afirmó el dirigente socialista durante la presentación del portal. No obstante, matizó queaprobó el proyecto en plena crisis porque no le había “costado un euro” a Extremadura.

“Les confieso que muy probablemente en un escenario de crisis como en el que vivimos, si no hubiera sido porque Telefónica ganó un concurso de la Junta hace unos años y se comprometió a desarrollarnos un proyecto tecnológico como mejora, y hemos elegido éste, muy probablemente no habríamos podido hacerlo”, sostuvo Vara. Sin embargo, lejos de resultar gratis a las arcas públicas, la web costó 513.300 euros.

En concreto, 19.802,47 euros en concepto de “modelización operativa”; 7.376,54 por “definición de contenidos”; 64.098,51 por “difusión y captación de participantes”; 99.400,19 por “servicio de mantenimiento estratégico y operativo”; 205.603,67 por “diseño y desarrollo de la plataforma eDemocracia”; 24.056,50 por “servicio de mantenimiento correctivo”; y 14.662,12 por “servicio de hosting y distribución de contenidos digitales”. Un conjunto de servicios que no fue objeto de contratación administrativa y a cuyas cifras hay que sumar el IVA.

Pero los gastos no terminan ahí. Si el nuevo Gobierno del popular José Antonio Monago quiere actualizar los servicios de la web y que ésta vuelva a estar disponible, deberá pagar otros 173.975 euros. De acuerdo con fuentes próximas a la administración autonómica, el Ejecutivo no tiene intención de renovar el contrato, ya que pretende reorganizar el “entramado digital” de más de 400 webs oficiales existentes en Extremadura. Además, el resultado de ‘opinaextramadura.es’ desde diciembre de 20120 no ha sido muy relevante: se registraron 2.175 usuarios, pero solo el 0,5% se mantuvo activo, y apenas se enviaron 300 iniciativas ciudadanas.

04/10/11: La “operación campeón”, delata a Blanco.

El 24 del pasado mayo el Juzgado número 2 de Lugo, por orden de la juez Estela San José, ordenaba la detención de 15 personas y la realización de 12 registros en sedes empresariales y en domicilios particulares, entre los que estaban los de directivos y personal de Nupel, la empresa propiedad de Jorge Dorribo, y de otras empresas que supuestamente colaboraron en una trama de cobro ilegal de subvenciones.

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Estatal Tributaria) estaban tras la pista de una gran empresa de Lugo a que recibía subvenciones públicas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), un ente de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta, para fomentar nuevas inversiones en otras empresas.

La mayor parte de los implicados en esta trama son muy conocidos en Lugo y algunos de ellos tenían negocios compartidos. Se les imputan diversos delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El principal implicado y, aún en prisión por este caso, es el empresario Jorge Dorribo, consejero de Nupel. La trama se centra, principalmente, en él porque fue quien, presuntamente, manipulaba las facturas para el cobro de subvenciones del Igape con la connivencia de dirigentes del propio organismo público. En marzo de 2011 se le aprobó la última subvención de casi un millón de euros que se justificaron con facturas emitidas por sus empresas.

La farmaceutica Nupel fue la segunda de mayor facturación de Lugo en 2006, tras Aluma-Aluminio y Dorribo, que pavoneaba de ser uno de los empresarios más ricos de la provincia, llegó a tener un jet privado y ser propietario de la escudería Nupel, de la que fue Director de Equipo el piloto de rallies Luis Moya.

El ministro portavoz y de Fomento, José Blanco, apareció en escena tras la información publicada este martes por EL MUNDO. Dorribo lo acusa de cobrar 400.000 euros a cambio de facilitarle una ayuda de más de 467.000 euros de la Dirección de Ayudas Regionales para que el Ministerio de Sanidad agilizara unos permisos de Laboratorios Nupel. Los cobros de los supuestos sobornos se realizarían a través de las empresas Proitec, registrada en el marco de la trama, y Electricidad Espiñeira y Bran, propiedad de un primo político del ministro. (Fuente: El Mundo)

27/09/11: Siete detenidos en Ronda por corrupción inmobiliaria

El exalcalde de Ronda (Málaga), Antonio Marín Lara (PSOE), ha sido detenido como presunto autor un delito de corrupción urbanística en el municipio, según fuentes cercanas a la investigación, que no descartan nuevas detenciones. Agentes de la Policía Nacional llevan registrando tanto la sede del Consistorio como la delegación de Urbanismo desde primeras horas de la mañana. Se trata de una investigación por presunta corrupción urbanística. La causa ya se encuentra judicializada y desde hace al menos un año la Fiscalía Anticorrupción está investigando determinadas operaciones urbanísticas.

Según ha afirmado la actual alcaldesa del municipio, María Paz Fernández(PP), las actuaciones están relacionadas con el equipo de gobierno anterior. De hecho, ha informado de que los registros comenzaron a realizarse en los despachos del este detenido, así como del ex primer teniente de alcalde y secretario general del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro; la exdelegada municipal de Obras, María José Martín de Haro, y el exdelegado de Seguridad, Rafael Lara. Los tres han sido detenidos juntos a otras tres personas de las que todavía se desconoce su identidad.

Los agentes están requisando numerosos documentos y ordenadores para estudiar su contenido y determinar si se van a producir detenciones en el marco de esta operación. Los agentes de la Policía judicial han llegado a las nueve de esta mañana con un auto que les autorizaba la entrada en las dependencias municipales rondeñas y el registro de las mismas. La Policía mantiene acordonadas las sedes del Ayuntamiento y de Urbanismo y no permite ni entrar ni salir a los trabajadores municipales. El ex alcalde rondeño Martín Lara pertenecía originalmente al PA pero se pasó a las filas del PSOE en junio de 2009.

Los escándalos urbanísticos en el municipio rondeño vienen de antiguo. En el año 2007, la Fiscalía General del Estado, a través de su sala dedicada a los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, se interesó por la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga sobre el complejo urbanístico de Los Merinos, en Ronda. El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido envió una carta al entonces parlamentario andaluz por IU Antonio Romero en la que se le informaba de que la sala ha pedido "información sobre el estado de las diligencias de investigación" así como "sobre la procedencia de instar medidas cautelares" sobre el proyecto, que incluye 797 villas de lujo, tres hoteles de cinco estrellas y dos campos de golf en las inmediaciones de la Sierra de las Nieves, un paraje protegido por la Unesco.

IU denunció varias veces en la Audiencia de Málaga la polémica macrourbanización. La coalición acusó al alcalde, Antonio María Marín Lara, entonces en el Partido Andalucista y luego ‘fichado’ por el PSOE, de delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente por "permitir y amparar la continuación de las obras ilegales". (Fuente: El confidencial)

16/09/11: Debilidad en la Guardia Civil

Desaparición del dinero requisado a los detenidos, destrucción y alteración de atestados, cocaína confiscada que se sustituye por otra sustancia inocua... Una investigación judicial ha destapado esta supuesta trama de corrupción policial cuyo escenario era el cuartel de la Guardia Civil de Ibi (Alicante). Cuatro de los agentes adscritos al puesto -dos sargentos, un cabo y un guardia- han sido detenidos e imputados por falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, una falta apropiación indebida e infidelidad en la custodia de documento público.

El juzgado de Ibi que ha investigado este asunto ha cerrado ya la fase de instrucción y ha dado traslado a las defensas, la acusación particular y la Fiscalía para que presenten sus escritos de calificación de los hechos.

En el auto de transformación en procedimiento abreviado, donde el juez recopila los indicios contra los imputados, se recogen hasta cinco hechos delictivos supuestamente cometidos por estos agentes. Así, se hace referencia a la incautación, en marzo de 2010, de 325 euros que llevaban encima dos personas que fueron detenidas. La intervención de esta cantidad en metálico se hizo constar en las diligencias de la Policía Local y en el atestado que inicialmente redactó la Guardia Civil.

Entonces, uno de los imputados, el sargento que ocupaba entonces el cargo de comandante de puesto interino, «tras descalificar las diligencias de la Policía Local rompió las mismas, y por ello al juzgado se remitió un atestado que no contemplaba las actuaciones elaborados por dicho cuerpo».

Además, otro de los presuntos guardias corruptos, un cabo que estaba de jefe accidental del área de investigación, «pidió a los agentes que tenían que confeccionar el atestado que no reflejasen el dinero intervenido, ya que este podría venirle bien al puesto». Según relata el auto, «ante el asombro de la agente requerida», el comandante accidental «comentó que hiciese lo que considerase oportuno».

Así, aunque en las actuaciones originales de la Guardia Civil se reflejó el dinero intervenido, «se sustituyeron las mismas para incorporar otras que silenciaran que entre los efectos personales de los detenidos hubiese cuantía monetaria alguna». Cuando los dos arrestados quedaron en libertad, uno de ellos echó en falta 300 euros entre los efectos personales que le devolvieron, y nadie fue capaz de explicar qué había pasado con el dinero. Dos meses después, esa cantidad fue ingresada en la cuenta del juzgado.

Uno de los imputados es el guardia que actuó como secretario del atestado y supuestamente «validó la copia manipulada». Por su parte, el juez también considera responsable de omisión del deber de perseguir delitos a la agente que «conoció las irregularidades relatadas y no procedió a denunciar los hechos».

Otro de los supuestos hechos delictivos por los que se les juzgará es la desaparición de una papelina de 'coca'. Supuestamente, el cabo investigado se dirigió a los baños con ella y después apareció sin contenido alguno. Cuando uno de los agentes del cuartel se dio cuenta y avisó a sus superiores, el propio cabo «se encargó de incorporar una bolsa distinta, que posteriormente se acreditó que no tenía sustancia estupefaciente». El sospechoso confesó haber rellenado la papelina, pero argumentó que la droga se había perdido y lo hizo para que nadie se diera cuenta. El juez considera que pudo incurrir en infidelidad en la custodia de documentos. ( Fuente: Las Provincias)

01/09/11: Introducción a la subvención

“Consideramos al proyecto a priori como elegible, en nuestras ayudas, y deseamos a sus promotores todo el éxito del mundo, por el bien de nuestro empleo, nuestra economía y nuestro medio ambiente”. Así remató Juan Tomás Hernani,secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación y presidente del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), una carta con membrete oficial dirigida a Andrés Bäcker, de la empresa Sustainable Reference S.L.. Después, esta compañía pidió y consiguió financiación del organismo que preside el propio Hernani. El CDTI, dependiente del Ministerio que dirige Cristina Garmendia, se dedica a apoyar económicamente proyectos relacionados con la innovación tecnológica, el I+D+i. Este año tiene un presupuesto de 1.400 millones de euros.

El funcionario encargado de la evaluación de las solicitudes debió quedarse perplejo cuando se topó, en la solicitud cursada por Sustainable Reference S.L., con la citada carta de recomendación firmada por el mismísimo presidente del CDTI, su jefe y alto cargo del Ministerio de Ciencia, quien aseguraba que “tras haber mantenido una reunión de análisis, me complace afirmar que la economía verde es uno de los ejes de nuestra Estrategia Nacional de Innovación, y que el proyecto de Sustainable Reference S.L. es un claro ejemplo de la cultura de emprendizaje (sic) y creación de valor que el Ministerio promueve”.

El Comité de empresa del CDTI envió una nota a trabajadores y directivos en la que calificaba esta carta de recomendación como “un trato de favor inaceptable del secretario general de Innovación hacia una empresa”. El código ético del organismo público refleja en su artículo 3.1.1. que “se evitará cualquier clase de interferencia o influencia de empresas, entidades, proveedores o terceros que pueda alterar la imparcialidad y la objetividad profesional de los trabajadores del CDTI”.

Lo más rocambolesco es que Juan Tomás Hernani, hombre de confianza de la ministra Cristina Garmendia y con atribuciones propias de secretario de Estado, contraatacó con un correo al director general del CDTI, Arturo Azcorra, al que ha tenido acceso El Confidencial. Hernani daba instrucciones: “Quiero que transmitas a las partes implicadas en tu equipo que no deben admitir ningún tipo de presión o influencia en la decisión de los proyectos. Es un tema tan importante que no pueden haber medias tintas”.

Pese al revuelo que se armó, finalmente, en enero de este año, el CDTI aprobó el proyecto presentado por Sustainable Reference, después de que los técnicos consideraran que encajaba en los fines de esta institución. Pese a que los importes no son públicos, El Confidencial ha podido saber que se trata de un proyecto de 591.000 euros, de los que el organismo público aporta 350.000 en un crédito a interés cero reembolsable en varios años y otros 5.000 a fondo perdido. El resto del coste del proyecto lo tiene que asumir la empresa.

19/08/11: operación Ossifar

El ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, y el administrador único de la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., Juan Pocoví, permanecen en los calabozos de la Guardia Civil a la espera de ser interrogados por agentes del Instituto Armado y los fiscales anticorrupción, y pasarán una noche más arrestados en las dependencias de este cuerpo antes de que, previsiblemente, pasen este sábado a disposición del Juzgado de Instrucción número 5, en funciones de guardia.

Los dos imputados, quienes fueron detenidos este jueves en el marco de la nueva operación abierta por un presunto desvío de 1,5 millones de euros públicos a través de la compra de contenedores soterrados en Palma de Mallorca, aún no han prestado declaración debido a que durante toda la tarde de ayer y a lo largo de esta mañana los investigadores se han dedicado a revisar la documentación incautada en el marco de estas diligencias, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

En concreto, la nueva operación anticorrupción, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma a instancias de los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, eleva a entre uno y 1,5 millones de euros los fondos que presuntamente se desviaron en la adquisición de contenedores soterrados de basuras a Seguridad y Limpiezas S.A., e indaga si se produjo alguna contraprestación por parte de esta empresa. Es por ello que sobre los arrestados pesan supuestos delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.

Los investigadores apuntan a que Chacártegui, quien hasta su destitución en julio de 2009 era responsable de los servicios de recogida de basuras, habría intervenido en las presuntas irregularidades que derivaron en el sobrecoste de la compra de los 'containers'. Y es que, de acuerdo a las pesquisas, el Consistorio abonó por cada contenedor -se adquirieron unos 200- más de 11.000 euros, una cantidad muy superior al precio unitario del mercado en el resto de España, calculado en unos 6.000 euros. (Fuente: 20 minutos)

06/08/11: Baleares, como invertir en arte de familiares con dinero de los ciudadanos.

La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas del Govern que presidía el socialista Francesc Antich destinó al menos 92.154,99 euros públicos a adquirir obras de arte para decorar sus despachos y agasajar a autoridades en plena crisis económica.

En época postelectoral, poco antes de que se formase el nuevo gobierno del Partido Popular y con el anterior gabinete en funciones, dirigentes del departamento dieron orden de que buena parte de esos cuadros fueran descolgados. Ante la estupefacción de algunos funcionarios los lienzos de mayores dimensiones se trasladaron a un pequeño desván ubicado en un almacén secundario de la Conselleria. Un cuarto angosto y oscuro sin ventilación ni luz natural en una calle adyacente a la plaza del Rosario de Palma. Allí han permanecido apilados y embalados como si nunca se hubieran comprado.

Durante los dos años centrales de la pasada legislatura, con la crisis demoliendo el sector del ladrillo y los índices de acceso a la vivienda por los sótanos, el área que presidía Jaume Carbonero se fue de compras a las galerías de Palma hasta en ocho ocasiones. Incorporando a su colección pinturas y litografías por cantidades que oscilan entre los 3.000 euros de la serie de serigrafías más baratas y los 22.000 euros de la obra más cara, una creación del renombrado pintor mallorquín Ramon Canet, la única que se mantiene en las paredes de Vivienda.

Al menos cuatro de esos cuadros fueron colgados entre las dependencias de la secretaría y el propio despacho del conseller. Sólo uno sobrevivió a la extraña mudanza de hace unos meses, un trasiego de obras que alarmó a algunos de los más veteranos funcionarios. Entre esos trabajadores no han dejado de circular comentarios más o menos airados en las últimas semanas acerca del episodio de los cuadros. Así como el jocoso comentario de que incluso en algún caso el hueco que dejaron las obras fue repintado para eliminar la sombra que dejan en las paredes las pinturas con el tiempo.

Se da la circustancia que varios de esos cuadros comprados por valor de 21.249,99 euros, pertenecían a María Carbonero, curiosamente prima del propio titular de la Consellería. (Fuente: El Mundo)