domingo, 13 de marzo de 2011

13/03/11: Los privilegios de un concejal malagueño, al purgatorio por el partido

El PP de Málaga se enfrenta a una crisis inesperada. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento malagueño, Manuel Díaz, delfín del alcalde Francisco de la Torre, pagó cuatro veces menos por obras en su vivienda. Y más: está acusado de cohecho en la adjudicación de una piscina del barriada de Puerto de la Torre en la que uno de los socios adjudicatarios es padrino del edil. También compró un todoterreno al constructor de la piscina. Y el coche lo utilizó un año antes de registrarlo con su nombre.
Ante estos hechos, que investiga un juzgado de la ciudad, el alcalde no ha dudado en calificar a Díaz de “torpe” e “ingenuo”. El edil, acosado, puso el lunes por la mañana su cargo a disposición. En gabinete de crisis, De la Torre y el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, se reunieron por la tarde y decidieron que lo mejor para el partido era que continuara.
Díaz, por ahora, no dimitirá. El alcalde ha preferido aguantar las críticas de la oposición en los dos meses y medio que restan para las elecciones antes que crear una crisis en el Gobierno municipal. De la Torre no tenía un sustituto claro y el concejal que cuenta con más experiencia para ese puesto, el ex concejal de Urbanismo Juan Ramón Casero. Ex parlamentario andaluz y consejero de Unicaja a propuesta del PP, ya ha anunciado que no seguirá en la próxima legislatura.
Aunque continúe en su puesto de responsable del Urbanismo de la segunda ciudad de Andalucía, Manuel Díaz ya puede despedir de un futuro político. Y eso que el alcalde le nombró en una entrevista concedida al diario Sur, como uno de sus posibles sucesores como número 1 del Ayuntamiento de Málaga. De la Torre veía en él a alguien “joven, trabajador y buena persona”. (Fuente: El Confidencial)

12/03/11: Castellón; en un año, tantos casos como municipios.

La Fiscalía Anticorrupción de Castellón, que dirige el teniente fiscal Juan Salom, ha abierto investigaciones durante el año 2010 contra más de 40 alcaldes y concejales de la provincia de Castellón, según desveló ayer Salom durante el acto de imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la máxima distinción concedida en la carrera judicial y que le fue otorgada en la Ciudad de la Justicia por el fiscal superior de la Comunitat, Ricard Cabedo.
El teniente fiscal afirmó, respecto a los casos que afectan a una veintena de alcaldes, que ha incoado 10 diligencias de investigación penal y un total de 11 primeros ediles están imputados en procedimientos judiciales. Y remarcó que todos los casos se deben a denuncias interpuestas por particulares en la Fiscalía.
Juan Salom puntualizó que la mayor parte de las investigaciones fueron por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación que se llevaron a cabo desde organismos locales públicos. No obstante, puntualizó que no significa que algunos “al final puedan ser archivados”. (Fuente: El Periódico mediterraneo)

11/03/11: Getafe; la concejala que barre para casa

La concejala de Obras del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), Cristina González, ha prestado hoy declaración como imputada en un presunto delito administrativo denunciado por el PP, por la adjudicación en 2007 de la construcción de un aparcamiento de 1.423 plazas a la empresa que presidía su marido., José Miguel Vieito.
González y su marido, José Miguel Vieito, habían sido citados hoy a las 12 horas a declarar como imputados en el Juzgado número 7 de la localidad, junto al portavoz del Partido Popular, Carlos González, este último en calidad de testigo.
El portavoz popular, Carlos González, ha explicado a Efe que el objetivo de su presencia en el Juzgado era "ratificar la denuncia presentada por el PP de Getafe, ante la presencia de todas las partes, e intentar aclarar las pequeñas dudas que pudieran tener tanto la Fiscalía, como el juez y el resto de abogados de todas las partes".
El portavoz popular ha señalado que desde su partido piensan que hay más gente implicada y que "en esta presunta trama de corrupción también está implicado el concejal de Hacienda, David Castro, y personas afines al PSOE".
Carlos González ha explicado que la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso en abril de 2010 "porque consideró que no era un proceso que tenía que tratar Anticorrupción, pero sí vio indicios de delitos administrativos", por lo que el PP acudió de nuevo el 28 de mayo al Juzgado de Instrucción para presentar otra denuncia.
El PP considera que, con la presunta adjudicación irregular del aparcamiento por parte de la concejala de Obras de Getafe a la cooperativa presidida por su marido, y de la que también formaban parte su padre y su madre (como secretario y tesorera), ésta podría haber incurrido en los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. (Fuente: Adn.es)

10/03/11: Zaragoza; trama en autorizaciones de explotaciones mineras

La Fiscalía y la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía analizaron decenas de expedientes de autorizaciones de explotaciones mineras en la investigación que les ha llevado a imputar por delitos de corrupción a cuatro empresarios del sector, a seis funcionarios de la DGA entre los que se encuentra el director provincial de Industria, Francisco Javier Hualde García, y a tres familiares directos de este último.

Esas decenas de expedientes les fueron facilitados por el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, cuyo titular, Arturo Aliaga, ordenó a finales de septiembre del 2007 poner en marcha una investigación sobre los servicios provinciales de la consejería en Zaragoza que arrojó unos resultados estremecedores: el 25% de los más de 200 expedientes revisados tras elegirlos al azar incluía anomalías. Estas se centraban en las pequeñas explotaciones de áridos y consistían en recortes o ampliaciones de plazos administrativos, en cambios de fechas e incluso de algún documento entero y en dar el visto bueno a solicitudes que no cumplían, entre otros, los requisitos ambientales o de seguridad laboral que exige la legislación. Esa cata de expedientes aportó indicios de que, además de un desbarajuste administrativo, en la dirección provincial podría estar operando una trama de funcionarios corruptos.
En las últimas semanas, y tras casi dos años de pesquisas, la Policía ha imputado por cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos a Hualde, a sus tres parientes y a cuatro empresarios, además de acusar de prevaricación a tres funcionarios y dos trabajadores públicos ya jubilados de la Sección de Minas.
Según la investigación, la trama --especialmente el director provincial-- habría obtenido dádivas de algunos industriales, ya fuera como mordidas o mediante la entrada de familiares en sus empresas, a cambio de agilizar o desatascar determinados trámites.
Los responsables del Departamento de Industria temen que las anomalías administrativas --el esclarecimiento de las penales corresponde a los tribunales-- hayan afectado a decenas --si no cientos-- de expedientes. (Fuente: El periódico de Aragón)

domingo, 6 de marzo de 2011

03/03/11: Puerto de Santa María: permitir viviendas ilegales a gogó

Ecologistas en Acción muestra públicamente su satisfacción por la actuación ordenada en el día de ayer por el juez Miguel Ángel López Marchena, titular del Juzgado nº 3 de El Puerto de Santa María (Cádiz), contra la trama de corrupción urbanística que se había organizado en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento.

Ecologistas en Acción ha presentado en esta última década decenas de denuncias por ilegalidades urbanísticas, tanto por vía administrativa como judicial, culminando en octubre de 2010 en una macro denuncia ante la fiscalía en la que aportamos numerosas pruebas documentales que ponía al descubierto las tramas que habían permitido la construcción de más de 40 urbanizaciones ilegales con unas 5.000 viviendas. Ecologistas en Acción denunciaba que “los responsables municipales han fomentado y amparado este proceso de urbanización de suelos protegidos”.

Además de por la trama de regularización de viviendas ilegales, la Fiscalía también apoyó la apertura de otras seis causas por ilegalidades urbanísticas y medioambientales. A partir de aquí el juez titular del Juzgado nº 3 y Decano de El Puerto inició las diligencias de investigación que han llevado a numerosas actuaciones por construcciones en vías pecuarias, en terrenos forestales como el Pinar del Obispo, o por la enajenación irregular de propiedades municipales.

Como derivación de estas diligencias, y como suele ser habitual en las tramas de corrupción urbanística, al parecer se han se han detectado indicios de enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero por parte del anterior responsable del Área de Urbanismo, de un familiar suyo, del Jefe de Servicio de Licencias, de su compañera sentimental y funcionaria del mismo Área de Urbanismo y de una arquitecta socia de la anterior. (Fuente: Ecologistas en acción)

jueves, 3 de marzo de 2011

02/03/11: Corrupción impune

El próximo 22 de mayo volverán a depositarse en las urnas los nombres de políticos imputados por diversos delitos. PP y PSOE no solo se han negado a retirar de sus listas a todos los candidatos bajo sospecha, sino que defienden activa y públicamente a algunos de ellos. Esta singular conducta de la clase política española contrasta con la reciente dimisión del ministro de Defensa alemán, Karl-Theodor zu Guttenberg, por haber copiado su tesis doctoral. Para remediar esta situación, se ha lanzado una campaña en internet bajo el título “Echemos a los corruptos de las listas electorales”, que está reuniendo miles de firmas ciudadanas.
Los responsables de esta iniciativa son las plataformas Actuable y Avaaz, dos comunidades online que promueven todo tipo de acciones reivindicativas. “El ámbito político no debe ser el del mínimo común denominador, sino el espacio más limpio y ejemplar”, señaló Francisco Polo, responsable de Actuable. “En total tenemos el reto de llegar a 35.000 firmas, que vamos a entregar físicamente este fin de semana a los principales partidos, ya sea en sus sedes o en los congresos donde cierran sus listas electorales”, añadió.

La campaña se basa en la experiencia previa de Avaaz en Brasil, donde la movilización ciudadana consiguió impulsar en 2010 una ley que prohíbe a los candidatos corruptos presentarse a las elecciones. Y es que cada vez resulta más habitual que internet ejerza como herramienta de organización reivindicativa a través de webs como las citadas, y otras como la estadounidense MoveOn, que respaldó a Barack Obama en las primarias del Partido Demócrata.
Pero tanto socialistas como populares parecen decididos a blindar a sus propios imputados, a la vez que utilizan los ajenos como arma arrojadiza. (Fuente: El Confidencial)

martes, 1 de marzo de 2011

01/03/11: Cataluña: Clientela fija en adjudicación de obra pública

Algo huele a podrido en las adjudicaciones de obra pública de Cataluña. Tras la detención la pasada semana de varios empresarios y de Jordi Vergé, gerente de carreteras en Gerona de la empresa pública GISA, comienzan a aflorar procedimientos sospechosos tanto de la Administración como de las constructoras que optan a las adjudicaciones de contratos.
La investigación del juzgado de instrucción número cinco de Barcelona arrojan un claro indicio: algunas de estas constructoras llegan a coincidir, hasta el céntimo, en complejos presupuestos para que una firma rival se lleve un contrato. Obviamente, tanta benevolencia tiene un precio, ya que esas mismas empresas son luego favorecidas con prácticas similares para que las adjudicatarias sean ellas. Todo ello hace pensar a los investigadores en una trama con pactos secreto para repartirse entre un pool empresarial las adjudicaciones públicas, eliminando a los demás competidores que no forman parte de dicho grupo.
Pero aunque el detenido de mayor rango pertenece a GISA, las sospechas van mucho más allá de las obras que pudiese otorgar esta empresa pública y amenazan a la propia Administración, concretamente al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, que hasta el pasado mes de diciembre estaba en manos del gerundense Joaquim Nadal.
Durante 2009 y 2010, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas adjudicó 43,5 millones de euros en 49 expedientes, de los que 45 fueron de mejora y conservación extraordinaria de carreteras, uno de Puertos (correspondiente al puerto de Portbou) y tres de conservación semi integral de carreteras. Las adjudicaciones se realizaron a un total de 8 empresas, de las que tres acaparan un total de 37 expedientes: Rubau Tarrés (que obtuvo obras por casi 13 millones de euros), Aglomerats Girona (que obtuvo casi 8,5 millones) y Construcciones Rubau (algo más de 7 millones de euros). (Fuente: El Confidencial)