13/07/11: Legalizan el símbolo de la corrupción marbellí

El empresario José María Rosell, imputado en la ‘Operación Jable’ por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales y uno de los principales beneficiados del PGOU de Marbella, podrá abrir sin ningún tipo de impedimento su negocio hostelero. Se trata del polémico Hotel Senator, conocido por ser el emblema de la corrupción urbanística marbellí, que fue erigido sobre una parcela destinada, en un principio, a la ampliación del Palacio de Congresos y de equipamiento público.

El hotel acaba de ser legalizado por el Ayuntamiento, un visto bueno que, en palabras de la alcaldesa Ángeles Muñoz, “es una noticia muy positiva para Marbella, tanto por la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo que llevará aparejada la apertura del hotel Senator como por la importancia de los equipamientos que se cedan a la ciudad”.

Los marbellíes, sin embargo, no opinan igual. Especialmente la oposición municipal, que califica de “autentico escándalo la apertura de este macro hotel en una época en la que se están cerrando por la crisis mucho hoteles en la Costa del Sol”. Para compensar, el Ayuntamiento ha anunciado que los propietarios deberán ceder al municipio una parcela de 3.600 m2, que permitirá ampliar el Palacio de Congresos, y financiar el 50% del proyecto y la obra de urbanización del perímetro por el sistema de compensaciones del PGOU.

El intercambio es como un regalo para el propietario, según la oposición. Diversos frentes políticos critican que “por el avance del plan tenía que dar 90 apartamentos y esto se ha ido rebajando hasta dejarlo a precio de saldo. Todo un obsequio a los amigos del PP”. Iniciativa IMA+S ecologistas de la ciudad, por ejemplo, ha denunciado a este periódico que la alcaldesa Ángeles Muñoz es la responsable directa de que se legalizase el hotel por completo, frustrándose la cesión de 99 apartamentos para su uso como residencia de mayores, tal y como se contemplaba en el avance del PGOU. Es decir, Muñoz ha permitido que el hotel que gestiona el empresario afín a los populares, consiguiera la legalización a costa del interés general. (Fuente: el confidencial)

09/07/11: “Operación Suministro” en tierras gaditanas

La Guardia Civil ha destapado en El Puerto de Santa María (Cádiz) una trama de corrupción urbanística que vuelve a salpicar a responsables municipales durante la etapa de Independientes Portuenses (IP). Entre los 35 imputados en la operación Suministro, se encuentran el que fue alcalde entre 1991 y 2006, Hernán Díaz; su sucesor y antiguo compañero de partido, Fernando Gago; el exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez; y el jefe de Disciplina Urbanística Fernando Jiménez Fornell.

Los implicados, entre los que hay promotores y propietarios de viviendas irregulares, están acusados de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y contra la ordenación del territorio. Según la investigación, los antiguos responsables municipales otorgaron licencias para edificar en suelo no urbanizable.

Aceptaron además la inscripción de fincas con certificados que falseaban la antigüedad de las viviendas para simular que no eran casas de nueva construcción. Para dar mayor apariencia de legalidad, firmaron contratos con empresas de suministro para autorizar los enganches de luz y agua, pese a que este permiso solo es posible si existe una licencia oficial de primera ocupación.

El caso, impulsado por la Fiscalía de Medio Ambiente, está ahora en manos del titular del Juzgado número 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena. Hernán Díaz, quien dejó la alcaldía tras ser inhabilitado por prevaricación, tiene pendientes otras imputaciones relacionadas con operaciones urbanísticas. (Fuente: El pais)

08/07/11: El plan E, facilita la corrupción en Alicante.

Un nuevo caso de corrupción ha salpicado al Ayuntamiento de Alicante. Uno de sus empleados, un ingeniero técnico de obras públicas destinado en el área de Atención Urbana, fue detenido ayer por la Policía Nacional junto a dos responsables de otras tantas empresas de construcción con los que supuestamente llegaba a acuerdos para la adjudicación de obras de la primera fase del plan E ideado por el Gobierno como medida de choque contra la crisis.

Entre las actuaciones de este plan que fueron informadas por el técnico detenido se encuentra la pavimentación parcial de la Explanada, la renovación de la plaza de la Montañeta o la mediana de la avenida de Villajoyosa.

Los arrestados, a los que se les imputan los delitos de malversación y cohecho, se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid y Alicante y han pasado la noche en los calabozos de la Comisaría Provincial, desde donde hoy serán puestos a disposición judicial.

El juzgado del Instrucción número dos de Alicante, que lleva investigando el caso desde el año pasado, entregó ayer un escrito a la secretaria del concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, en el que requiere al Ayuntamiento que le entregue los certificados de las obras adjudicadas desde enero de 2006 y con independencia de su cuantía a las mercantiles Becsa (antigua Lubasa) y Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios S.L (CCMS), cuyas sedes fueron registradas ayer, además de arrestados sus responsables.

Los hechos que han dado lugar a esta actuación judicial fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción hace tres años por la entonces concejala socialista en la oposición Carmen Sánchez Brugal, entre cuyas funciones figuraba el control del área de Atención Urbana. La edil habría tenido conocimiento de estos hechos a través de una denuncia anónima y, tras hacer un seguimiento de lo allí recogido, comunicó sus sospechas al fiscal Felipe Briones, quien a su vez remitió el asunto al juzgado para que se investigara.

Según ha podido saber este diario, el funcionario detenido, a cambio de prebendas, habría firmado como propios proyectos municipales redactados en realidad por los empresarios ahora arrestados que después optaban a hacer esas obras y que, con este método, se garantizaban una adjudicación a medida.

Fuentes del caso apuntaron la posibilidad de que el número de implicados pudiera ampliarse a más personas tanto de fuera del Ayuntamiento como del área que dirige Víctor López, el jefe técnico de la concejalía de Andrés Llorens que ha sido imputado en varias ocasiones en relación a contratas municipales.

Becsa, una de las mercantiles investigadas, es una filial de la antigua Lubasa, hoy rebautizada como Durantia, una empresa que ha aparecido en otros sumarios de corrupción: el caso Gürtel y la supuesta trama de facturas falsas del parque temático de Benidorm, Terra Mítica. (Fuente: Información.es)

07/07/11: El Distrito Macarena, cuartel general de la corrupción sevillana.

El primer gran caso de corrupción que puso en entredicho la gestión de Monteseirín en los tribunales de Justicia fue el de las facturas falsas de la Macarena, el único que ya ha sido juzgado y que ha terminado con dos personas del entorno directo del exalcalde en la cárcel: el socialista José Marín, secretario del Distrito, y el empresario José Pardo, jefe de seguridad de numerosos actos de partido de Monteseirín. Ambos fueroncondenados por malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial al pagar seis facturas falsas por obras menores que «no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente», según la sentencia de la Audiencia de Sevilla posteriormente confirmada por el TSJA. Pardo, por cierto, está en busca y captura.

Sin embargo, no ha sido éste el único escándalo que se ha producido en este Distrito, claramente señalado como el principal punto de la corrupción de la era Monteseirín. Además de las facturas falsas, en la Macarena ha habido dos robos anteriores al denunciado ayer. Y en los dos casos desapareció material informático con información confidencial. En 2002, tras ser cesado el socialista Carmelo Gómez como delegado del Distrito, los nuevos responsables denunciaron la desaparición de ordenadores. Gómez alegó que lo que se hizo fue cambiar los terminales y el caso no fue a más. Sin embargo, en marzo de 2004 volvió a denunciarse un robo en la sede del Distrito. En este caso desapareció material informático que, según expuso el concejal de la oposición entonces Gregorio Serrano, «contenía información muy importante relativa al libramiento de 600.000 euros que se le concedió a este departamento en mayo de 2003» y que en aquella época estaba siendo investigado por la aparición de suspuestas facturas falsas. Serrano señaló entonces al socialista Domingo Vera Goñi, ya que era secretario del Distrito cuando se produjo este robo. Curiosamente, la juez Mercedes Alaya preguntó la semana pasada a Manuel Marchena por su relación con Vera Goñi durante el interrogatorio que le hizo al exgerente de Urbanismo y hombre de la máxima confianza de Monteseirín con motivo de la instrucción del caso Mercasevilla.

Hablando de la lonja, en la agrupación socialista Macarena militaron precisamente los dos principales imputados por este caso de corrupción, Fernando Mellet y Daniel Ponce, protagonistas de la grabación que dio origen a todo el escándalo. Ellos son el nexo de unión con otro de los hechos que se investigan en los juzgados: las aportaciones al Patín Macarena. El dueño de la constructora Larena 98, Antonio Pardal, denunció que «desde el Distrito Macarena y la dirección de Mercasevilla» se le instó entre 2003 y 2004 a poner dinero para el patrocinio del club Patín Macarena con el fin de «agilizar» las licencias urbanísticas que esperaba del Ayuntamiento para construir naves en Mercasevilla. Pardal aclara incluso que a una de esas reuniones asistió José Marín, el hoy condenado por las facturas falsas. A raíz de esta declaración, la juez instructora, Mercedes Alaya, aseguró que Ponce, «en connivencia con Mellet, se apropiaron indiciariamente de 24.000 euros que entregó Pardal en concepto de patrocinio al club Patín Macarena, ya para ellos directamente o para Mercasevilla».

Y aún queda otra conexión: Domingo Enrique Castaño, el asesor de Monteseirín que trabajó en el famoso Distrito hasta que saltó el escándalo del caso Unidad. Castaño está también imputado en Mercasevilla. Porque el lado oscuro de la etapa de Monteseirín está plagado de vasos comunicantes. (Fuente: ABC)

06/07/11: Oliart dimite por su hijo.

El presidente de la Corporación RTVE, Alberto Oliart, ha comunicado este miércoles al Consejo de Administración de RTVE su decisión de dimitir como presidente por motivos de salud y ha asegurado que su dimisión es con «efecto inmediato» y de forma «irrevocable».

Por otro lado, el Consejo de Administración de RTVE ha aceptado la dimisión del presidente de la corporación, Alberto Oliart

Oliart ya comunicó este martes al Gobierno su intención de dimitir por «razones de salud» y ha enviado una carta al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, en la que explica sus motivos. También se lo ha comunicado este viernes a Mariano Rajoy, según fuentes cercanas al presidente del PP.

En su misiva a Bono, institución de la que depende la corporación, el presidente de RTVE asegura que su decisión es «irrevocable y de efecto inmediato» y destaca que su objetivo al frente de la corporación ha sido desde siempre «que RTVE fuera plural, independiente y de la mayor calidad posible, dentro de una exigencia continua de austeridad y ahorro, dirigida a informar y también entretener a todos los ciudadanos».

En las últimas horas se ha sabido que la empresa dirigida por su hijo Pablo ha sido la adjudicataria de un contrato de servicio público para realizar servicios en el programa «La mañana de La 1».

Así, TVE ha adjudicado a Telefónica Broadcast Services (TBS) el servicio técnico que hasta el pasado mes de junio prestaba Overon, de Mediapro, al programa «La mañana de La 1», tras un concurso al que se habían presentado ambas empresas.

De estas seis empresas, dos de ellas desistieron de presentarse alegando que «no tenían capacidad para cumplir con el servicio que se les pedía» y otras dos «se habían fusionado en una que desistió de presentarse», por lo que al concurso finalmente solo concurrieron Overon y TBS, según las mismas fuentes. (Fuente: ABC)

04/07/11: Chávez: como obtener subvenciones Express

La Junta de Andalucía concedió un préstamo de 10 millones de euros al grupo empresarial Bogaris dos días antes de que éste lo hubiera solicitado. Bogaris es una de las empresas que contrató los servicios de Iván Chaves Iborra, hijo del entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, que facturó 28.188 euros por servicios de consultoría.

El 24 de noviembre de 2009, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ratificó la concesión del préstamo, financiado con fondos europeos, pero no fue hasta el 26 de noviembre, dos días después, cuando Bogaris Retail 5 SL -filial del grupo- presentó la solicitud ante la Junta. El desembolso se formalizó ante notario el 3 de diciembre.

EL MUNDO ya informó el 2 de mayo de la concesión del préstamo a Bogaris, que remitió una carta dirigida a este periódico en la que negó que el expediente se hubiera tramitado en «tiempo récord». «Antes al contrario -afirmó en su escrito el presidente de Bogaris, Rodrigo Charlo-, la tramitación se prolongó en el tiempo más de ocho meses». Curiosamente, entre la emisión de la factura de Iván Chaves a Bogaris, el 1 de abril de 2009, y la firma del préstamo ante el notario sevillano Pedro Antonio Romero Candau, el 3 de diciembre de 2009, transcurrieron exactamente ocho meses y dos días.

El presidente de Bogaris afirmaba en su carta que los técnicos de la empresa tuvieron «especial diligencia» en la tramitación de la ayuda para «evitar la caducidad del expediente». Puede resultar llamativo, teniendo en cuenta que la ayuda se otorgó el 24 de noviembre, se solicitó dos días después y se firmó ante notario el 3 de diciembre.

01/07/11: Operación SAGA

Dos días después de hacerse público que la gestora de derechos de autor estaba siendo investigada por desviación de fondos, y en la misma jornada en la que se conocía que el equipo de gobierno de Teddy Bautista seguirá al frente de la entidad otros cuatro años, la Operación SAGA terminaba con el propio presidente de la SGAE detenido, tras un exhaustivo registro de la sede de la entidad y de la de la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), objeto principal de la investigación que llevaba a cabo la Guardia Civil desde hacía dos años. Además de Bautista, otras ocho personas han sido arrestadas.

El presidente Ejecutivo de la SGAE, Teddy Bautista, el Director General, Enrique Loras, y el director Económico y Financiero de la entidad de gestión, Ricardo Azcoaga Quincoces, declararán este domingo ante el juez central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional en el marco de la 'operación Saga', han informado a fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes han precisado que los seis detenidos restantes lo harán el lunes. Se trata del director general de la Sociedad de Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, la mujer y la cuñada de éste, Maria Antonia García y Elena Vázquez, respectivamente.

También declararán el lunes Elena García Pombo y Celedonio Martín, relacionados ambos con 'Microgénesis', una de las principales empresas implicadas en la trama en la que una estructura societaria paralela servía para desviar fondos de la SGAE.

El noveno arrestado es Rafael Ramos, socio director de Microgénesis. A todos ellos se les acusa de haber cometido delitos societarios y de apropiación indebida y por este motivo se les está tomando declaración este sábado en dependencias de la Guardia Civil, ha precisado las mismas fuentes.

Además de las detenciones se ha procedido a siete entradas y registros, entre ellos, las sedes de la SGAE y sDae.

El inicio del caso se remonta a hace ocho años; el 1 de septiembre de 2003, cuando la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) y los autores acordaron cobrar un extra a los consumidores de soportes vírgenes. Lo hicieron con la oposición absoluta dela Asociación de Internautas (AI), que criticó que el ya famoso canon, sólo en su primer año de vigencia hiciese ganar cinco millones de euros a SGAE y perder 36 a los usuarios, y que en 2010 ya aportaba a los autores más ganancias que la propia venta de discos.

Este pasado viernes la AI ha conseguido lo que se propuso en noviembre de 2007, cuando informó a la Fiscalía de unas presuntas irregularidades por parte de los responsables de la SGAE. “El gran recaudador”, como denominan vulgarmente a la SGAE, pagaría su merecido.

La causa, que ha sido declarada secreta, arrancó con la presentación en marzo de 2010 de una denuncia por parte de Anticorrupción, que recayó en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, del que en esos momentos todavía era titular Baltasar Garzón, que incoó diligencias previas.

El informe demostraba que sociedades como Microgénesis (que jugaría un papel principal en la trama) y Coqnet, aparentemente no vinculadas a la SGAE, compartían sede social y directivos con la entidad que preside Teddy Bautista, y que el reparto de recaudaciones -incluido el canon digital- se realizaban en gran parte de forma ilegal entre sus filiales y no entre sus socios.

Casualmente, Microgénesis, que realiza trabajos de consultoría y entre cuyos clientes se encuentra la SGAE, está vinculada a José Luis Rodríguez Neri, director general de la SDAE, presunto creador de la trama societaria a través de la que se efectuaba el desvío de fondos, cuya sede también fue registrada este viernes. En el entramado también habría más compañías dedicadas a negocios de naturaleza lucrativa.

Si se demuestra que la SGAE estuvo destinando su recaudación a mantener empresas privadas -con un claro ánimo de lucro-, no estaría cumpliendo la ley, que le exige repartir equitativamente los derechos recaudados entre los titulares de las obras o producciones.

Además de la AI, denunciaron estos hechos la Asociación Española de pequeñas y medianas empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT), la Asociación de Usuarios de Internet y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon. Josep Jover, abogado de APEMIT, estima en unos 400 millones de euros la cantidad presuntamente desviada, una parte de la cual procedería del canon digital. (Fuente: El Confidencial)